DF, México — Ocho activistas de Greenpeace pintaron el logotipo de Monsanto en la fachada de la Cibiogem, para inaugurar de forma simbólica la oficina de esta empresa como parte del gobierno federal
Greenpeace inauguró las nuevas oficinas de la empresa de biotecnología Monsanto, ubicadas en las instalaciones de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), organismo del gobierno federal que debería regular las políticas de bioseguridad para el uso de los transgénicos y que se ha puesto al servicio de esta empresa de biotecnología para aprobar las siembras experimentales de Organismos Genéticamente Modificados (OGMs) en nuestro país.
Para exponer públicamente la complicidad de esta comisión, ocho activistas de la organización ambientalista pintaron el logotipo de Monsanto en la fachada de la Cibiogem, inaugurando de forma simbólica la oficina de dicha empresa dentro del gobierno federal.
El respaldo de la secretaría ejecutiva de Cibiogem al proceso tramposo y fraudulento de la modificación del Reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM), en aras de eliminar el Régimen de Protección Especial del Maíz, como lo propuso la Sagarpa, pone en evidencia cómo Cibiogem allanó la Ley, siguiendo el camino de las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que están a favor de la siembra de transgénicos en México.
“Con la modificación al Reglamento de la LBOGM, el gobierno mexicano pasó por alto tres mandatos de la Ley: establecer un Régimen de Protección Especial del Maíz, definir las bases de las normas oficiales mexicanas en materia de bioseguridad y establecer centros de origen y diversidad genética para este grano. Estos fueron, durante tres años, los argumentos para rechazar la liberación de maíz transgénico al medio ambiente en nuestro país, y en lugar de que las autoridades federales se ocuparan de cumplir con estos mandatos, buscaron la manera de evadirlos”, denunció Aleira Lara, coordinadora de la campaña de agricultura sustentable y transgénicos de Greenpeace.
La modificación al Reglamento viola el artículo 2, fracción II, de la LBOGM, que ordena el establecimiento de un régimen de protección especial del maíz. Contra éste mandato, la modificación del reglamento, en su artículo 73 reduce este régimen a un apartado en el Sistema Nacional de Información sobre Bioseguridad; viola la fracción XII del mismo artículo que estipula establecer las bases de las normas oficiales mexicanas en materia de bioseguridad; así como viola el artículo 86, que exige establecer centros de origen y diversidad genética.
“Es sumamente grave no establecer claramente cuáles son los centros de origen y diversidad genética del maíz. Con el artículo quinto transitorio del nuevo Reglamento, el gobierno federal está minimizando nuestra característica de centro de origen y deja en manos de Sagarpa y Semarnat la decisión discrecional de autorizar las siembras experimentales, aún cuando no se hayan completado los estudios que permitan determinar cuáles son las zonas en que hay maíces tradicionales. Tenemos 59 razas en riesgo y es indignante el desinterés del gobierno federal por las mismas”, agregó Lara.
Pese a que México cuenta con múltiples experiencias de contaminación transgénica en cultivos de maíz convencional, todas dadas a conocer por medios masivos de comunicación, el secretario ejecutivo de la Cibiogem, Ariel Álvarez, niega tener conocimiento de ello.
“Es evidente la tendencia de la Cibiogem a cumplir con los intereses de la industria biotecnológica y no con su compromiso con la bioseguridad de nuestro país. Ahora los funcionarios ya no tienen prisa por concluir con los mandatos de la Ley, ya que han eliminado las pocas garantías que contemplaba la Ley en pro de verdaderas medidas de bioseguridad. La decisión de autorizar las siembras experimentales se dejó al arbitrio discrecional de servidores públicos que han mostrado carencia de ética y un nulo compromiso con la protección de nuestro maíz y por ende con la salud de los consumidores”, agregó Lara.
Greenpeace responsabiliza a Alberto Cárdenas, titular de Sagarpa, a Juan Rafael Elvira Quezada, titular de Semarnat, a Ariel Álvarez, secretario ejecutivo de la Cibiogem y todos los funcionarios que firmaron la modificación del Reglamento, por todos los daños que ocasione la siembra de maíz transgénico en México, que es tradicionalmente centro de origen del maíz, por la pérdida de nuestras variedades de maíces nativos, de la contaminación de nuestra cadena alimentaria y de poner en manos de las empresas transnacionales el monopolio de nuestro alimento básico.
— Greenpeace México
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