DF, México — Felipe Calderón permitió oficialmente las siembras experimentales de transgénicos en México, al violar la ley ambiental y pasar por alto la opinión pública y científica; Greenpeace rechaza enérgicamente esta acción que va en contra de nuestra soberanía alimentaria.
El Ejecutivo eliminó el Régimen de Protección Especial al Maíz, ignorando la opinión pública, de científicos y la existencia de experiencias negativas en otras naciones.
Violando la ley para permitir las siembras experimentales de maíz transgénico en México, el presidente Felipe Calderón eliminó el Régimen de Protección Especial al Maíz relegándolo a un instrumento de carácter no jurídico y por tanto, no obligatorio para proteger las variedades de este grano tan importante para los mexicanos.
El anuncio se hizo hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF), por medio de un Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM).
En el Decreto se deroga el artículo transitorio del Reglamento de la LBOGM, el cual ordenaba la publicación de un Régimen de Protección Especial al Maíz, con el fin de preservar las variedades de maíz existentes en todo el país y establecer claramente los centros de origen y diversidad de este grano; y en su lugar se implemento el artículo 73, en el que se relega la acción del Régimen a un instrumento no jurídico y de comunicación que aparecerá dentro de la página web del Sistema Nacional de Información sobre Bioseguridad, en decir, sólo será una página de consulta pública de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM).
“La eliminación del Régimen, violando el artículo 2 fracción II de la LBOGM, deja sin carácter obligatorio la implementación de medidas de prevención, remediación y contención de la actual contaminación de maíz transgénico en cultivos de maíz convencional detectados en territorio mexicano (1), lo cual, además de evidenciar la complicidad de las autoridades federales con las empresas que han contaminado nuestro campo mexicano, demuestra la incapacidad de las autoridades para hacer frente a la liberación al medio ambiente de variedades de maíz transgénicas”, explicó Aleira Lara, coordinadora de la campaña de Agricultura sustentable de Greenpeace México.
En el decreto se establece que las secretarías de Agricultura, y de Medio Ambiente y de Recursos Naturales serán las encargadas de establecer las medidas de bioseguridad caso por caso, para evitar la mezcla de variedades de maíz, así como definir las zonas donde se puede realizar la siembra sin ningún riesgo para las especies nativas. Sin embargo, desde que se presentó el primer caso de contaminación de maíz transgénico en México, en el estado de Oaxaca, en 2001 y hasta esta fecha, ambas dependencias han sido incapaces de establecer medidas de control para evitar más casos de contaminación. Por ello, resulta absurdo e irresponsable que sean estas dependencias sean las que determinen las medidas de bioseguridad con sus propios criterios.
Al eliminar el Régimen de Protección Especial al Maíz, el gobierno federal ignoró:
- la necesidad de una Manifestación de Impacto Regulatorio y evadió la consulta pública obligatoria en la que, en aras de llevar un proceso transparente, deben ser tomados en cuenta diferentes comentarios de la sociedad en general, de acuerdo a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA 69-J).
- las 16 mil 139 peticiones de mexicanos que desde abril de 2008 exigieron a la Sagarpa y al Jefe del Ejecutivo que protegieran el maíz y evitaran que empresas extranjeras conviertieran el cultivo de este importante grano en un monopolio en manos de extranjeros.
- las recomendaciones de científicos mexicanos que alertaron sobre el riesgo de contaminación de los centros de origen del maíz en nuestro país.
- la existencia de una Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados vigente y que prohíbe la siembra de maíz transgénico en México sin contar con un marco de bioseguridad en todo el territorio nacional.
el mensaje de la reunión sobre compensación y seguridad del Protocolo de Cartagena de Organismos Genéticamente Modificados, que no ha determinado cómo deben de hacerse responsables quienes contaminan con transgénicos los cultivos tradicionales en un país.
La necesidad de determinar cuáles son los centros de origen y diversidad genética a que hacen referencia los artículos 86 y 87 de la LBOGM; así como la expedición de las normas oficiales mexicanas mandatadas por la esta misma ley.
Además, las supuestas medidas de protección presentadas en la modificación al Reglamento no contemplan la implementación de un mecanismo de biomonitoreo que descarte la extensión de la contaminación transgénica actual.
“La violación a la Ley de Bioseguridad habla de un intento desesperado de las autoridades mexicanas por cumplir con las exigencias de la industria biotecnológica para liberar su maíz transgénico en el centro de origen del maíz. Las autoridades han caído en el chantaje de las empresas transnacionales, como Monsanto, que amenazan con no invertir 200 millones de dólares en investigación del uso de su biotecnología en nuestro país, cuando ni duplicando esa suma se podrá reparar el grave daño a la humanidad por permitir la contaminación de nuestro maíz. A la fecha, el gobierno mexicano carece de información para determinar cuántas variedades transgénicas están contaminando el campo mexicano, eso debería ser más importante para el gobierno federal”, denunció Lara.
Actualmente, la industria agrobiotecnológica ha creado variedades de maíz transgénico que contienen sustancias anticoagulantes, vacunas y plásticos que son empleadas para elaborar fármacos y productos industriales, las cuales están prohibidas en el artículo 67 del Decreto de reforma del régimen de la LBOGM. En cualquier momento estos maíces podrían llegar a la cadena alimenticia debido a la falta de monitoreo por parte de las autoridades mexicanas, el cual sigue sin contemplarse dentro de la modificación al régimen de la LBOGM.
“La intención de autorizar siembras experimentales en el país no es acumular datos y evaluaciones científicas, sino acelerar el proceso de comercialización de maíz transgénico de las empresas extranjeras a pesar de los daños e incertidumbres que éste plantea. Actualmente se cuenta con investigaciones serias de científicos independientes a la industria agrobiotecnológica que demuestran los impactos negativos al medio ambiente y la salud humana, los cuales han ocasionado que países como Francia, Grecia, Hungría y Austria impusieran moratoria a la liberación de maíz transgénico de Monsanto. El propio reglamento de la LBOGM mandata considerar dichas experiencias en su artículo 16 fracción V (2)”, declaró Lara.
Greenpeace exige al gobierno de Felipe Calderón que cumpla la ley y proteja nuestro maíz, el alimento básico para los mexicanos. Es preciso que se prohibía la liberación al medio ambiente de maíz transgénico en nuestro país y que se tomen medidas de contención y prevención ante la alarma de casos de contaminación con variedades transgénicas en cultivos convencionales. México debe defender la biodiversidad, la seguridad y soberanía alimentaria de los mexicanos.
— Greenpeace México
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