Exhibe Greenpeace servilismo de Cibiogem hacia Monsanto

DF, México — Ocho activistas de Greenpeace pintaron el logotipo de Monsanto en la fachada de la Cibiogem, para inaugurar de forma simbólica la oficina de esta empresa como parte del gobierno federal

Greenpeace inauguró las nuevas oficinas de la empresa de biotecnología Monsanto, ubicadas en las instalaciones de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), organismo del gobierno federal que debería regular las políticas de bioseguridad para el uso de los transgénicos y que se ha puesto al servicio de esta empresa de biotecnología para aprobar las siembras experimentales de Organismos Genéticamente Modificados (OGMs) en nuestro país.



Para exponer públicamente la complicidad de esta comisión, ocho activistas de la organización ambientalista pintaron el logotipo de Monsanto en la fachada de la Cibiogem, inaugurando de forma simbólica la oficina de dicha empresa dentro del gobierno federal.

El respaldo de la secretaría ejecutiva de Cibiogem al proceso tramposo y fraudulento de la modificación del Reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM), en aras de eliminar el Régimen de Protección Especial del Maíz, como lo propuso la Sagarpa, pone en evidencia cómo Cibiogem allanó la Ley, siguiendo el camino de las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que están a favor de la siembra de transgénicos en México.

“Con la modificación al Reglamento de la LBOGM, el gobierno mexicano pasó por alto tres mandatos de la Ley: establecer un Régimen de Protección Especial del Maíz, definir las bases de las normas oficiales mexicanas en materia de bioseguridad y establecer centros de origen y diversidad genética para este grano. Estos fueron, durante tres años, los argumentos para rechazar la liberación de maíz transgénico al medio ambiente en nuestro país, y en lugar de que las autoridades federales se ocuparan de cumplir con estos mandatos, buscaron la manera de evadirlos”, denunció Aleira Lara, coordinadora de la campaña de agricultura sustentable y transgénicos de Greenpeace.

La modificación al Reglamento viola el artículo 2, fracción II, de la LBOGM, que ordena el establecimiento de un régimen de protección especial del maíz. Contra éste mandato, la modificación del reglamento, en su artículo 73 reduce este régimen a un apartado en el Sistema Nacional de Información sobre Bioseguridad; viola la fracción XII del mismo artículo que estipula establecer las bases de las normas oficiales mexicanas en materia de bioseguridad; así como viola el artículo 86, que exige establecer centros de origen y diversidad genética.




“Es sumamente grave no establecer claramente cuáles son los centros de origen y diversidad genética del maíz. Con el artículo quinto transitorio del nuevo Reglamento, el gobierno federal está minimizando nuestra característica de centro de origen y deja en manos de Sagarpa y Semarnat la decisión discrecional de autorizar las siembras experimentales, aún cuando no se hayan completado los estudios que permitan determinar cuáles son las zonas en que hay maíces tradicionales. Tenemos 59 razas en riesgo y es indignante el desinterés del gobierno federal por las mismas”, agregó Lara.

Pese a que México cuenta con múltiples experiencias de contaminación transgénica en cultivos de maíz convencional, todas dadas a conocer por medios masivos de comunicación, el secretario ejecutivo de la Cibiogem, Ariel Álvarez, niega tener conocimiento de ello.

“Es evidente la tendencia de la Cibiogem a cumplir con los intereses de la industria biotecnológica y no con su compromiso con la bioseguridad de nuestro país. Ahora los funcionarios ya no tienen prisa por concluir con los mandatos de la Ley, ya que han eliminado las pocas garantías que contemplaba la Ley en pro de verdaderas medidas de bioseguridad. La decisión de autorizar las siembras experimentales se dejó al arbitrio discrecional de servidores públicos que han mostrado carencia de ética y un nulo compromiso con la protección de nuestro maíz y por ende con la salud de los consumidores”, agregó Lara.

Greenpeace responsabiliza a Alberto Cárdenas, titular de Sagarpa, a Juan Rafael Elvira Quezada, titular de Semarnat, a Ariel Álvarez, secretario ejecutivo de la Cibiogem y todos los funcionarios que firmaron la modificación del Reglamento, por todos los daños que ocasione la siembra de maíz transgénico en México, que es tradicionalmente centro de origen del maíz, por la pérdida de nuestras variedades de maíces nativos, de la contaminación de nuestra cadena alimentaria y de poner en manos de las empresas transnacionales el monopolio de nuestro alimento básico.
— Greenpeace México

Las incongruencias sobre el maíz transgénico

DF, México — A pesar de que está demostrada la imposible coexistencia de los cultivos transgénicos con los tradicionales y orgánicos, las autoridades federales le restaron peso al Régimen de Protección Especial del Maíz para darle paso a las siembras experimentales sin contar con la determinación de centros de origen y diversidad genética para este grano.

De manera deliberada e incongruente, las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y la de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (Sagarpa), aseguran que al aprobarse las siembras experimentales en México no se viola la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM), a pesar de que no se seguirán los procedimientos estipulados en esta legislación y tampoco los preceptos del Protocolo de Cartagena, firmado por nuestro país, denunció Greenpeace.

A pesar de que la LBOGM estipula la necesidad de atender el principio precautorio ante la posibilidad de cualquier riesgo de contaminación de cultivos tradicionales de maíz con transgénicos, que implica el establecimiento de una moratoria a la liberación de dicho grano, tanto la Sagarpa como la Semarnat insisten en que sólo con la autorización de permisos para siembras experimentales se podrá controlar en flujo de transgénicos en el país.

“Resultan inexplicables las posturas de los titulares de Semarnat, Juan Rafael Elvira Quezada, y de Sagarpa, Alberto Cárdenas Jiménez, quienes plantean que con la autorización de las siembras de maíz transgénico se evitarán más casos de contaminación en el país, ya que todas las solicitudes para estas siembras estarán controladas, cuando existen en México ocho casos de contaminación de cultivos tradicionales con variedades transgénicas (1), y han sido incapaces de resolverlos”, denunció Aleira Lara, coordinadora de la campaña de agricultura sustentable y transgénicos de Greenpeace.

A pesar de que está demostrada la imposible coexistencia de los cultivos transgénicos con los tradicionales y orgánicos, las autoridades federales le restaron peso al Régimen de Protección Especial del Maíz para darle paso a las siembras experimentales sin contar con la determinación de centros de origen y diversidad genética para este grano, como lo señala claramente la LBOGM (2). Ambas dependencias insisten en que este instrumento, así como las políticas públicas de protección, se construirán en paralelo a la autorización de cada solicitud de siembra, lo cual es ilegal y pone en riesgo las variedades de este grano existentes en todo el territorio mexicano.

Es decir, Sagarpa y Semarnat, proponen ir a ciegas sin tomar en cuenta las experiencias internacionales basadas en estudios científicos independientes que dan cuenta de los impactos negativos al medio ambiente, la imposible coexistencia de cultivos transgénicos y convencionales, al tiempo que plantean fuertes riesgos a la salud humana.

El propio reglamento de la LBOGM mandata en su artículo 16 fracción V (3) que se tomen en cuenta experiencias de otros países para que se anexe la información pertinente respecto a efectos de la liberación sobre el medio ambiente, y los estudios sobre los posibles riesgos de esta tecnología. Sin embargo, sólo retoman los casos de países como Argentina, Brasil o Estados Unidos donde se han implementado los transgénicos debido a que ya no fue posible aplicar medidas de remediación y se rebasó la capacidad de los gobiernos para contener la contaminación transgénica.

Los impactos negativos al medio ambiente y la salud humana por la liberación de transgénicos al medio ambiente han sido documentados por científicos de Francia, Grecia, Hungría y Austria, países que impusieron una moratoria a la liberación de las variedades diseñadas por la empresa transnacional Monsanto.

“Es bien sabido que las corporaciones como Monsanto, al encontrar frenos a la liberación de sus variedades transgénicas, comienzan a contaminar los cultivos tradicionales. Esto ocurrió ya en Argentina y Brasil con soya transgénica y cuando los gobiernos de estos países se dieron cuenta de su incapacidad para hacerle frente a la contaminación procedieron a legalizar lo ilegal. ¿Es ésta la intención del presidente Felipe Calderón? ¿Para eso se reunió en Davos con Hugh Grant, presidente mundial de Monsanto?”, cuestionó Lara.

Si Sagarpa y Semarnat niegan que existan presiones de las transnacionales, entonces, ¿por qué pretenden autorizar las siembras experimentales sin tener concluido un marco de bioseguridad que incluya la implementación de un biomonitoreo en todo el país, con el objetivo de resguardar todas nuestras razas y variedades? ¿Por qué es necesario atender ahora las solicitudes de estas empresas que insisten en hacer siembras experimentales en los tres estados con mayor producción de maíz en México: Sinaloa, Chihuahua y Tamaulipas?

Hoy la Sagarpa reconoció que durante 2008 la producción de maíz mexicano rompió récord con 24.8 millones de toneladas en todo el país, y que esto se puede incrementar aún más con la implementación de proyectos y programas para reactivar la producción de este importante grano.

Entonces, ¿por qué tanta prisa del gobierno federal para transitar de un modelo agroalimentario dependiente de las importaciones de maíz procedentes de Estados Unidos, a otro con base en la dependencia de las grandes transnacionales que son dueñas de las variedades transgénicas, restándole importancia a la producción nacional que se sigue incrementando año con año?

Cabe destacar que, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) reconoció recientemente que es innecesario sembrar maíz transgénico en México para resolver los problemas de producción en el campo mexicano, ya que existen en el país variedades híbridas que responden a las demandas agronómicas del campo nacional y que no ponen en riesgo el medio ambiente ni nuestras variedades tradicionales de maíz (4).

Greenpeace exige a la Sagarpa y a la Semarnat dar prioridad para contener y remediar los casos de contaminación transgénica de maíz mexicano, antes de autorizar las siembras experimentales. Si se autorizan estas siembras, México perderá el centro de origen del maíz y se afectará de manera irremediable a las futuras generaciones al entregar el maíz mexicano a empresas transnacionales.

— Greenpeace México

Notas:
1. Casos de contaminación México
2. Artículo 2 y 86 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.
3. http://www.cibiogem.gob.mx/Norm_leyes/Reglamento_LBOGM.pdf
4.- http://www.jornada.unam.mx/2009/03/09/index.php?section=sociedad&article=043n1soc
_____________________________________________________________________________________

Calderón entrega maíz a monopolios

DF, México — Felipe Calderón permitió oficialmente las siembras experimentales de transgénicos en México, al violar la ley ambiental y pasar por alto la opinión pública y científica; Greenpeace rechaza enérgicamente esta acción que va en contra de nuestra soberanía alimentaria.

El Ejecutivo eliminó el Régimen de Protección Especial al Maíz, ignorando la opinión pública, de científicos y la existencia de experiencias negativas en otras naciones.

Violando la ley para permitir las siembras experimentales de maíz transgénico en México, el presidente Felipe Calderón eliminó el Régimen de Protección Especial al Maíz relegándolo a un instrumento de carácter no jurídico y por tanto, no obligatorio para proteger las variedades de este grano tan importante para los mexicanos.

El anuncio se hizo hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF), por medio de un Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM).

En el Decreto se deroga el artículo transitorio del Reglamento de la LBOGM, el cual ordenaba la publicación de un Régimen de Protección Especial al Maíz, con el fin de preservar las variedades de maíz existentes en todo el país y establecer claramente los centros de origen y diversidad de este grano; y en su lugar se implemento el artículo 73, en el que se relega la acción del Régimen a un instrumento no jurídico y de comunicación que aparecerá dentro de la página web del Sistema Nacional de Información sobre Bioseguridad, en decir, sólo será una página de consulta pública de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM).

“La eliminación del Régimen, violando el artículo 2 fracción II de la LBOGM, deja sin carácter obligatorio la implementación de medidas de prevención, remediación y contención de la actual contaminación de maíz transgénico en cultivos de maíz convencional detectados en territorio mexicano (1), lo cual, además de evidenciar la complicidad de las autoridades federales con las empresas que han contaminado nuestro campo mexicano, demuestra la incapacidad de las autoridades para hacer frente a la liberación al medio ambiente de variedades de maíz transgénicas”, explicó Aleira Lara, coordinadora de la campaña de Agricultura sustentable de Greenpeace México.

En el decreto se establece que las secretarías de Agricultura, y de Medio Ambiente y de Recursos Naturales serán las encargadas de establecer las medidas de bioseguridad caso por caso, para evitar la mezcla de variedades de maíz, así como definir las zonas donde se puede realizar la siembra sin ningún riesgo para las especies nativas. Sin embargo, desde que se presentó el primer caso de contaminación de maíz transgénico en México, en el estado de Oaxaca, en 2001 y hasta esta fecha, ambas dependencias han sido incapaces de establecer medidas de control para evitar más casos de contaminación. Por ello, resulta absurdo e irresponsable que sean estas dependencias sean las que determinen las medidas de bioseguridad con sus propios criterios.

Al eliminar el Régimen de Protección Especial al Maíz, el gobierno federal ignoró:
- la necesidad de una Manifestación de Impacto Regulatorio y evadió la consulta pública obligatoria en la que, en aras de llevar un proceso transparente, deben ser tomados en cuenta diferentes comentarios de la sociedad en general, de acuerdo a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA 69-J).


- las 16 mil 139 peticiones de mexicanos que desde abril de 2008 exigieron a la Sagarpa y al Jefe del Ejecutivo que protegieran el maíz y evitaran que empresas extranjeras conviertieran el cultivo de este importante grano en un monopolio en manos de extranjeros.


- las recomendaciones de científicos mexicanos que alertaron sobre el riesgo de contaminación de los centros de origen del maíz en nuestro país.


- la existencia de una Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados vigente y que prohíbe la siembra de maíz transgénico en México sin contar con un marco de bioseguridad en todo el territorio nacional.


el mensaje de la reunión sobre compensación y seguridad del Protocolo de Cartagena de Organismos Genéticamente Modificados, que no ha determinado cómo deben de hacerse responsables quienes contaminan con transgénicos los cultivos tradicionales en un país.


La necesidad de determinar cuáles son los centros de origen y diversidad genética a que hacen referencia los artículos 86 y 87 de la LBOGM; así como la expedición de las normas oficiales mexicanas mandatadas por la esta misma ley.

Además, las supuestas medidas de protección presentadas en la modificación al Reglamento no contemplan la implementación de un mecanismo de biomonitoreo que descarte la extensión de la contaminación transgénica actual.

“La violación a la Ley de Bioseguridad habla de un intento desesperado de las autoridades mexicanas por cumplir con las exigencias de la industria biotecnológica para liberar su maíz transgénico en el centro de origen del maíz. Las autoridades han caído en el chantaje de las empresas transnacionales, como Monsanto, que amenazan con no invertir 200 millones de dólares en investigación del uso de su biotecnología en nuestro país, cuando ni duplicando esa suma se podrá reparar el grave daño a la humanidad por permitir la contaminación de nuestro maíz. A la fecha, el gobierno mexicano carece de información para determinar cuántas variedades transgénicas están contaminando el campo mexicano, eso debería ser más importante para el gobierno federal”, denunció Lara.

Actualmente, la industria agrobiotecnológica ha creado variedades de maíz transgénico que contienen sustancias anticoagulantes, vacunas y plásticos que son empleadas para elaborar fármacos y productos industriales, las cuales están prohibidas en el artículo 67 del Decreto de reforma del régimen de la LBOGM. En cualquier momento estos maíces podrían llegar a la cadena alimenticia debido a la falta de monitoreo por parte de las autoridades mexicanas, el cual sigue sin contemplarse dentro de la modificación al régimen de la LBOGM.

“La intención de autorizar siembras experimentales en el país no es acumular datos y evaluaciones científicas, sino acelerar el proceso de comercialización de maíz transgénico de las empresas extranjeras a pesar de los daños e incertidumbres que éste plantea. Actualmente se cuenta con investigaciones serias de científicos independientes a la industria agrobiotecnológica que demuestran los impactos negativos al medio ambiente y la salud humana, los cuales han ocasionado que países como Francia, Grecia, Hungría y Austria impusieran moratoria a la liberación de maíz transgénico de Monsanto. El propio reglamento de la LBOGM mandata considerar dichas experiencias en su artículo 16 fracción V (2)”, declaró Lara.

Greenpeace exige al gobierno de Felipe Calderón que cumpla la ley y proteja nuestro maíz, el alimento básico para los mexicanos. Es preciso que se prohibía la liberación al medio ambiente de maíz transgénico en nuestro país y que se tomen medidas de contención y prevención ante la alarma de casos de contaminación con variedades transgénicas en cultivos convencionales. México debe defender la biodiversidad, la seguridad y soberanía alimentaria de los mexicanos.
— Greenpeace México