Descubre Greenpeace a empleados de agrobiotecnología en el gobierno

Dos ex empleadas de confianza de Dupont y Agrobio (1) hoy se encuentran en puestos clave del gobierno federal para impulsar la autorización de las siembras de maíz transgénico en México.

Esto pone en evidencia que la bioseguridad y la sobrevivencia de nuestro maíz se encuentra en manos de funcionarios que tienen conflictos de interés.

¿Quiénes son?

Sandra Patricia Piña Salinas trabajó en el 2005 como coordinadora técnica de Agrobio México A.C., asociación encargada de defender los intereses comerciales de empresas como Monsanto, Pioneer, Bayer y Dow Agroscience.

En 2006 acudió como representante de Agrobio a la Sexta Reunión del Grupo de Acción Intergubernamental especial del Codex sobre Alimentos obtenidos por Medios Biotecnológicos, celebrada en Chiba, Japón. Después se desempeñó como gerente de negociaciones internacionales de Agrobio.

Hoy trabaja en la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, en la Dirección de Políticas y Normatividad.

La ingeniera Silvia Elena Rojas Villegas, es actual directora de Bioseguridad para Organismos Genéticamente Modificados de la Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera, del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

Antes, trabajó en PHI México SA de CV, perteneciente a la plataforma de agricultura y nutrición del Corporativo DuPont, particularmente en el grupo de regulación y relación industrial de México y Norte de Latinoamérica para la Biotecnología Moderna.

Violación de la ley

“De acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Publicos (2), tanto Silvia Rojas como Sandra Piña deberían salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen en el servicio público y servir a los intereses del país. Ninguna debería tener injerencia en los trámites relacionados con las empresas de biotecnología para las que trabajaron, es decir Dupont-Pioneer y Agrobio, de acuerdo con lo descrito en el artículo 8 fracción XI de la misma ley (3)”, denunció Aleira Lara, coordinadora de la campaña de agricultura sustentable de Greenpeace.

“La industria biotecnológica está usando en México una estrategia que en Estados Unidos se llama la puerta giratoria que consiste en el intercambio de personal entre las empresas y el gobierno, con el objetivo de lograr la liberación al medio ambiente de sus variedades transgénicas”, concluyó Lara.

Por ello, Greenpeace lanzó este miércoles su "fonoacción" para exigirle a Felipe Calderón que detenga las siembras de maíz transgénico, que estarían a punto de aprobarse en México y hablen directamente a la presidencia de la República y exijan una moratoria urgente.

Greenpeace convoca a la ciudadanía a llamar a un teléfono, sin costo alguno, que deriva las llamadas hacia el teléfono de la residencia oficial de Los Pinos. ¡Llámale a Felipe! y luego de ello comenta en el blog tu experiencia como muchos ya lo han hecho.

Lanza Greenpeace fonoacción por el maíz

Greenpeace ha dispuesto un teléfono que deriva la llamada a la residencia oficial de Los Pinos sin costo, con el fin de que la ciudadanía le exija a Felipe Calderón una moratoria urgente a la siembra de maíz transgénico.



Para exigirle a Felipe Calderón que detenga las siembras de maíz transgénico, que estarían a punto de aprobarse en México, y como parte de nuestra campaña para proteger al maíz, este 7 de octubre Greenpeace lanza una fonoacción, para que los ciudadanos hablen directamente a la presidencia de la República y exijan una moratoria urgente.

Greenpeace convoca a la ciudadanía a llamar a un teléfono, sin costo alguno, que deriva las llamadas hacia el teléfono de la residencia oficial de Los Pinos.

A partir de hoy esperamos que sean miles de mexicanos quienes llamen para alzar la voz y decir que no quieren que nuestro campo sea laboratorio experimental de las corporaciones.

¡Por eso, llámale a Felipe! Marca a cualquier hora del día, para dar un mensaje respetuoso, pero muy firme en favor de la protección de nuestro grano básico.

Para llamar, desde el DF marca el 5523-8939 y desde el interior sin costo al 01800-836-5480 (cuando entra la grabadora marca 2 y de las opciones que brinda la contestadora, después marca 0).

Hay atención personal de 9 a 17 hrs. y luego de ese horario responderá una grabación, en la que también es posible dejar el mensaje.


Aquí lo que te aconsejamos decir:

Hola, soy (nombre), un@ mexican@ responsable. Y hoy le llamo al licenciado Felipe Calderón para exigirle una moratoria urgente a la siembra de maíz transgénico en México, pues nuestro país es centro de origen de este grano básico.

Quiero decirle que si autoriza las siembras experimentales de maíz transgénico, estos maíces, patentados por transnacionales como Monsanto y Pioneer, contaminarán los convencionales y pondrán en riesgo nuestra seguridad alimentaria.

Le exijo que asuma su responsabilidad y proteja el bienestar común, no los intereses privados. No ponga en riesgo el maíz nativo. No puede permitir que un puñado de transnacionales contaminen nuestra historia, nuestra cultura y nuestro patrimonio biológico.

El país y el bienestar de las siguientes generaciones dependen de las decisiones que usted tome en este momento. Por ello, detenga las siembras experimentales de maíz transgénico en México. Muchas gracias.

Luego de dejar tu mensaje puedes escribir cómo fue el procedimiento de tu llamada y cómo te atendieron en nuestro blog de maíz aquí.

Bimbo México, ¿hasta cuándo en la Guía roja de transgénicos?

Bimbo España anunció que sus productos están libres de transgénicos; sin embargo, su contraparte en nuestro país aún se encuentra en la lista roja de transgénicos de Greenpeace debido a que no han querido informar sobre el contenido de sus productos.

Guía roja y verde de transgénicos de Greenpeace México

Bimbo España acaba de anunciar que dejará de utilizar transgénicos, con lo que se convierte en un ejemplo para la empresa mexicana del mismo nombre y de la cual surgió.

En contraparte, el líder del mercado mexicano en panadería, bollería y pastelería, Bimbo México, aún mantiene desinformados a los consumidores y no ha descartado la presencia de organismos genéticamente modificados (OGM) en sus productos y se niega a que las etiquetas informen sobre estos.

¿Por qué hay dos Bimbo?

En 1978 los empresarios mexicanos creadores de la primera Bimbo vendieron la totalidad de sus acciones y uno de sus fundadores, de origen español, creó Bimbo en su país natal.em`presa

Hoy, aunque ambas empresas son totalmente independientes han seguido caminos paralelos, y sus estrategias y calidad han sido diferentes. El anuncio de Bimbo España, de ser libres de transgénicos, es el ejemplo más claro de la falta de derecho de información que prevalece en México.

El derecho del consumidor a la información

“Es indignante el trato diferenciado hacia los consumidores mexicanos. En nuestro país el gobierno no ha tenido la voluntad política para exigir a las empresas de alimentos un sistema de etiquetado de OGM y las corporaciones de alimentos procesados, entre ellas Bimbo, también han operado para no informar a los consumidores. Con ello, están menospreciando la salud de todos los mexicanos al permitir que alimentos con presencia de transgénicos se comercialicen y se integren a la dieta de los consumidores sin ningún tipo de regulación”, señaló Aleira Lara, coordinadora de la campaña de agricultura sustentable y transgénicos de Greenpeace México.

“El primer derecho reconocido a los consumidores a escala internacional, así como en las legislaciones nacionales, es el derecho a la información. Este derecho es la base que acompaña el derecho a elegir de manera informada”, señaló Alejandro Calvillo, director de El poder del consumidor, A.C.

Actualmente, en México los consumidores que no desean ingerir productos que contienen transgénicos no tienen elementos para saber qué marcas los contienen con el fin de rechazarlos.

"La negativa al etiquetado de los transgénicos se debe a que las empresas saben muy bien que perderán mercado si el consumidor tiene la información clara de que sus productos los contienen. Entonces, se deciden por desinformar al consumidor y mantener el control del mercado, con lo que actúan contra nuestros derechos", señaló Calvillo.

Por tanto, ambas organizaciones exigen al gobierno mexicano la implementación de un sistema de etiquetado para permitir a los consumidores la libre elección de sus alimentos. Demandaron, también, a Bimbo México transparentar sus procesos de producción, como lo hace su par en España.

En 2005, Greenpeace México publicó su Guía roja y verde de alimentos transgénicos, en la que la empresa panificadora Bimbo está ubicada en la lista roja, es decir, la que incluye aquellos productos que no garantizan estar libres de transgénicos. Desde entonces, Bimbo México no ha tenido interés de transitar de la lista roja a la verde (alimentos que certifican estar libres de transgénicos).
— Greenpeace México

Pretende Monsanto experimentar con nuevos transgénicos en suelo mexicano

Ocho de las solicitudes a la Sagarpa corresponden a cruzas transgénicas riesgosas, no aprobadas en Estados Unidos; la empresa propone cultivos experimentales con un marco de bioseguridad “a criterio” del solicitante.

A pesar de que la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) recomienda que las siembras experimentales de maíz transgénico sólo se realicen en instituciones públicas que cuenten con un protocolo de seguridad a fin de tener un manejo cuidadoso y con fines estrictamente de investigación (1), la empresa de biotecnología Monsanto pretende experimentar con nuevas cruzas transgénicas, en campo abierto y con supervisión privada y no gubernamental, denunció Greenpeace.

Las 12 solicitudes de siembra experimental, que Sagarpa somete a consulta pública en su página de internet, presentan una serie de irregularidades que van desde errores en las fechas para las cuales se están requiriendo hasta falsedad en la información, razón suficiente para negar la autorización de las mismas.

Cuatro de las solicitudes establecen como periodo de liberación enero-febrero de 2009, fecha anterior a la presentación de las solicitudes (abril de 2009). Las otras ocho solicitudes contemplan la cruza de genes de dos variedades transgénicas distintas, a pesar de que este tipo de eventos no han sido autorizados en Estados Unidos, tal y como se observa en la base de datos de Agbios, que sólo reconoce las autorizaciones de esas variedades en Japón y Taiwan (2). Una cruza de dos variedades transgénicas amerita una evaluación completamente diferente de la hecha por separado a cada una de ellas.

De igual manera, la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) tampoco ha emitido autorización a dichas cruzas. La LBOGM en sus artículos 40, 42 y 43 establece que no se podrá importar o liberar organismos genéticamente modificados (OGM) cuando no hayan sido autorizados en su país de origen y por la Secretaría de Salud en México. Al ser la cruza un nuevo transgénico totalmente distinto, no puede ser autorizado. Monsanto pretende hacer en suelo mexicano y con el maíz mexicano lo que ni siquiera en su país de origen le está permitido.

“Es claro que Monsanto está presionando a la Sagarpa para que le autorice la siembra de maíz transgénico en México, no sólo para hacer experimentación en campo abierto, sino para pasar a la fase de comercialización, sin llevar a cabo el análisis y la evaluación de riesgo apegadas a la ley. De autorizar este tipo de siembras, el gobierno federal estaría permitiendo un grave crimen ambiental: la contaminación y pérdida del maíz mexicano”, denunció Aleira Lara, coordinadora de la campaña de agricultura sustentable y transgénicos de Greenpeace.

Al analizar las 12 solicitudes presentadas por la transnacional ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), queda claro que de ser aprobadas esto representará una violación sistemática de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM), un evidente conflicto de interés y un alto riesgo de contaminación de la producción maicera del país.

En sus solicitudes, Monsanto propone incluir parcelas particulares de agricultores cooperantes con la empresa, para ampliar los sitios de siembras experimentales y que éstas sean supervisadas y evaluadas a discreción de esta compañía e incluir otros campos de cultivo fuera de los establecidos en el marco de bioseguridad.

Desde 2006, la Conabio ha enfatizado la necesidad de condicionar la autorización de las siembras de maíz transgénico a la determinación de los centros de origen y diversidad genética, así como al establecimiento de un régimen de protección especial al maíz; sin embargo, estas recomendaciones fueron ignoradas en la reciente modificación al reglamento de la LBOGM, realizada en marzo pasado, donde queda eliminada cualquier medida de protección al maíz, lo que representa riesgos para la biodiversidad y para la alimentación de todos los mexicanos.

Además, al amparo de una sola solicitud, Monsanto pretende cubrir distintas áreas de liberación, a pesar de que dentro del enfoque “caso por caso”, la LBOGM es muy clara al limitar una sola área por cada solicitud. Esta Ley en su artículo 3, fracción VII establece que se hará la liberación de un OGM tomando en cuenta el área de liberación; sin embargo en las presentes solicitudes se proponen seis áreas de liberación por cada variedad.

Las variedades de maíz transgénico que se quieren probar en México han demostrado ser obsoletas tecnológicamente, aún bajo las condiciones óptimas de cultivo en Estados Unidos. Por ejemplo, estudios científicos y la experiencia de países que han liberado variedades transgénicas con la supuesta característica de ser resistentes a herbicidas y a insectos, han demostrado que no son sustentables, no disminuyen el uso de agrotóxicos y no aumentan los rendimientos.

Por el contrario, han demostrado efectos negativos para el medio ambiente y siguen representando serios riesgos para la salud humana. Según un nuevo informe de la Unión de Científicos Preocupados de Estados Unidos (UCS, por sus siglas en inglés), comprueba que a pesar de 20 años de investigación y 13 años de la comercialización, la ingeniería genética no ha logrado aumentar significativamente el rendimiento de los cultivos estadounidenses (3).

“Con las presentes solicitudes la autoridad no podrá cobijar jurídicamente ningún permiso para siembra experimental de OGM, so pena de cometer un acto ilegal violatorio de las leyes de bioseguridad, de procedimiento administrativo y de la constitución misma en sus principios de legalidad y certeza jurídica. Por otro lado, con la falta de información y la falsedad de la misma, los resultados de la experimentación pueden ser engañosos ya que no pueden ser correctamente evaluados”, denunció Lara.

El gobierno federal insiste en promover la siembra de maíz transgénico en México a pesar de que se carece de mecanismos de prevención ante la contaminación de cultivos convencionales y de la cadena alimenticia en todo el país; a pesar de que no existen argumentos científicos contundentes que puedan descartar los impactos negativos a la salud por consumir este tipo de maíz; y de las múltiples demandas y denuncias penales presentadas por varios sectores de la sociedad respecto a la revisión del proceso irregular de la modificación del reglamento de la LBOGM.
— Greenpeace México

Notas:
1. Documento base sobre centros de origen y diversidad en el caso de maíz en México CONABIO, julio de 2006.
2. http://www.agbios.com/dbase.php?action=Submit&evidx=536.
3. Ver reporte reciente sobre este tema de la “Union of Concerned Scientists”: “failure to yield” disponible en:
http://www.ucsusa.org/food_and_agriculture/science_and_impacts/science/failure-to-yield.html.

Exhibe Greenpeace servilismo de Cibiogem hacia Monsanto

DF, México — Ocho activistas de Greenpeace pintaron el logotipo de Monsanto en la fachada de la Cibiogem, para inaugurar de forma simbólica la oficina de esta empresa como parte del gobierno federal

Greenpeace inauguró las nuevas oficinas de la empresa de biotecnología Monsanto, ubicadas en las instalaciones de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), organismo del gobierno federal que debería regular las políticas de bioseguridad para el uso de los transgénicos y que se ha puesto al servicio de esta empresa de biotecnología para aprobar las siembras experimentales de Organismos Genéticamente Modificados (OGMs) en nuestro país.



Para exponer públicamente la complicidad de esta comisión, ocho activistas de la organización ambientalista pintaron el logotipo de Monsanto en la fachada de la Cibiogem, inaugurando de forma simbólica la oficina de dicha empresa dentro del gobierno federal.

El respaldo de la secretaría ejecutiva de Cibiogem al proceso tramposo y fraudulento de la modificación del Reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM), en aras de eliminar el Régimen de Protección Especial del Maíz, como lo propuso la Sagarpa, pone en evidencia cómo Cibiogem allanó la Ley, siguiendo el camino de las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que están a favor de la siembra de transgénicos en México.

“Con la modificación al Reglamento de la LBOGM, el gobierno mexicano pasó por alto tres mandatos de la Ley: establecer un Régimen de Protección Especial del Maíz, definir las bases de las normas oficiales mexicanas en materia de bioseguridad y establecer centros de origen y diversidad genética para este grano. Estos fueron, durante tres años, los argumentos para rechazar la liberación de maíz transgénico al medio ambiente en nuestro país, y en lugar de que las autoridades federales se ocuparan de cumplir con estos mandatos, buscaron la manera de evadirlos”, denunció Aleira Lara, coordinadora de la campaña de agricultura sustentable y transgénicos de Greenpeace.

La modificación al Reglamento viola el artículo 2, fracción II, de la LBOGM, que ordena el establecimiento de un régimen de protección especial del maíz. Contra éste mandato, la modificación del reglamento, en su artículo 73 reduce este régimen a un apartado en el Sistema Nacional de Información sobre Bioseguridad; viola la fracción XII del mismo artículo que estipula establecer las bases de las normas oficiales mexicanas en materia de bioseguridad; así como viola el artículo 86, que exige establecer centros de origen y diversidad genética.




“Es sumamente grave no establecer claramente cuáles son los centros de origen y diversidad genética del maíz. Con el artículo quinto transitorio del nuevo Reglamento, el gobierno federal está minimizando nuestra característica de centro de origen y deja en manos de Sagarpa y Semarnat la decisión discrecional de autorizar las siembras experimentales, aún cuando no se hayan completado los estudios que permitan determinar cuáles son las zonas en que hay maíces tradicionales. Tenemos 59 razas en riesgo y es indignante el desinterés del gobierno federal por las mismas”, agregó Lara.

Pese a que México cuenta con múltiples experiencias de contaminación transgénica en cultivos de maíz convencional, todas dadas a conocer por medios masivos de comunicación, el secretario ejecutivo de la Cibiogem, Ariel Álvarez, niega tener conocimiento de ello.

“Es evidente la tendencia de la Cibiogem a cumplir con los intereses de la industria biotecnológica y no con su compromiso con la bioseguridad de nuestro país. Ahora los funcionarios ya no tienen prisa por concluir con los mandatos de la Ley, ya que han eliminado las pocas garantías que contemplaba la Ley en pro de verdaderas medidas de bioseguridad. La decisión de autorizar las siembras experimentales se dejó al arbitrio discrecional de servidores públicos que han mostrado carencia de ética y un nulo compromiso con la protección de nuestro maíz y por ende con la salud de los consumidores”, agregó Lara.

Greenpeace responsabiliza a Alberto Cárdenas, titular de Sagarpa, a Juan Rafael Elvira Quezada, titular de Semarnat, a Ariel Álvarez, secretario ejecutivo de la Cibiogem y todos los funcionarios que firmaron la modificación del Reglamento, por todos los daños que ocasione la siembra de maíz transgénico en México, que es tradicionalmente centro de origen del maíz, por la pérdida de nuestras variedades de maíces nativos, de la contaminación de nuestra cadena alimentaria y de poner en manos de las empresas transnacionales el monopolio de nuestro alimento básico.
— Greenpeace México

Las incongruencias sobre el maíz transgénico

DF, México — A pesar de que está demostrada la imposible coexistencia de los cultivos transgénicos con los tradicionales y orgánicos, las autoridades federales le restaron peso al Régimen de Protección Especial del Maíz para darle paso a las siembras experimentales sin contar con la determinación de centros de origen y diversidad genética para este grano.

De manera deliberada e incongruente, las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y la de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (Sagarpa), aseguran que al aprobarse las siembras experimentales en México no se viola la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM), a pesar de que no se seguirán los procedimientos estipulados en esta legislación y tampoco los preceptos del Protocolo de Cartagena, firmado por nuestro país, denunció Greenpeace.

A pesar de que la LBOGM estipula la necesidad de atender el principio precautorio ante la posibilidad de cualquier riesgo de contaminación de cultivos tradicionales de maíz con transgénicos, que implica el establecimiento de una moratoria a la liberación de dicho grano, tanto la Sagarpa como la Semarnat insisten en que sólo con la autorización de permisos para siembras experimentales se podrá controlar en flujo de transgénicos en el país.

“Resultan inexplicables las posturas de los titulares de Semarnat, Juan Rafael Elvira Quezada, y de Sagarpa, Alberto Cárdenas Jiménez, quienes plantean que con la autorización de las siembras de maíz transgénico se evitarán más casos de contaminación en el país, ya que todas las solicitudes para estas siembras estarán controladas, cuando existen en México ocho casos de contaminación de cultivos tradicionales con variedades transgénicas (1), y han sido incapaces de resolverlos”, denunció Aleira Lara, coordinadora de la campaña de agricultura sustentable y transgénicos de Greenpeace.

A pesar de que está demostrada la imposible coexistencia de los cultivos transgénicos con los tradicionales y orgánicos, las autoridades federales le restaron peso al Régimen de Protección Especial del Maíz para darle paso a las siembras experimentales sin contar con la determinación de centros de origen y diversidad genética para este grano, como lo señala claramente la LBOGM (2). Ambas dependencias insisten en que este instrumento, así como las políticas públicas de protección, se construirán en paralelo a la autorización de cada solicitud de siembra, lo cual es ilegal y pone en riesgo las variedades de este grano existentes en todo el territorio mexicano.

Es decir, Sagarpa y Semarnat, proponen ir a ciegas sin tomar en cuenta las experiencias internacionales basadas en estudios científicos independientes que dan cuenta de los impactos negativos al medio ambiente, la imposible coexistencia de cultivos transgénicos y convencionales, al tiempo que plantean fuertes riesgos a la salud humana.

El propio reglamento de la LBOGM mandata en su artículo 16 fracción V (3) que se tomen en cuenta experiencias de otros países para que se anexe la información pertinente respecto a efectos de la liberación sobre el medio ambiente, y los estudios sobre los posibles riesgos de esta tecnología. Sin embargo, sólo retoman los casos de países como Argentina, Brasil o Estados Unidos donde se han implementado los transgénicos debido a que ya no fue posible aplicar medidas de remediación y se rebasó la capacidad de los gobiernos para contener la contaminación transgénica.

Los impactos negativos al medio ambiente y la salud humana por la liberación de transgénicos al medio ambiente han sido documentados por científicos de Francia, Grecia, Hungría y Austria, países que impusieron una moratoria a la liberación de las variedades diseñadas por la empresa transnacional Monsanto.

“Es bien sabido que las corporaciones como Monsanto, al encontrar frenos a la liberación de sus variedades transgénicas, comienzan a contaminar los cultivos tradicionales. Esto ocurrió ya en Argentina y Brasil con soya transgénica y cuando los gobiernos de estos países se dieron cuenta de su incapacidad para hacerle frente a la contaminación procedieron a legalizar lo ilegal. ¿Es ésta la intención del presidente Felipe Calderón? ¿Para eso se reunió en Davos con Hugh Grant, presidente mundial de Monsanto?”, cuestionó Lara.

Si Sagarpa y Semarnat niegan que existan presiones de las transnacionales, entonces, ¿por qué pretenden autorizar las siembras experimentales sin tener concluido un marco de bioseguridad que incluya la implementación de un biomonitoreo en todo el país, con el objetivo de resguardar todas nuestras razas y variedades? ¿Por qué es necesario atender ahora las solicitudes de estas empresas que insisten en hacer siembras experimentales en los tres estados con mayor producción de maíz en México: Sinaloa, Chihuahua y Tamaulipas?

Hoy la Sagarpa reconoció que durante 2008 la producción de maíz mexicano rompió récord con 24.8 millones de toneladas en todo el país, y que esto se puede incrementar aún más con la implementación de proyectos y programas para reactivar la producción de este importante grano.

Entonces, ¿por qué tanta prisa del gobierno federal para transitar de un modelo agroalimentario dependiente de las importaciones de maíz procedentes de Estados Unidos, a otro con base en la dependencia de las grandes transnacionales que son dueñas de las variedades transgénicas, restándole importancia a la producción nacional que se sigue incrementando año con año?

Cabe destacar que, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) reconoció recientemente que es innecesario sembrar maíz transgénico en México para resolver los problemas de producción en el campo mexicano, ya que existen en el país variedades híbridas que responden a las demandas agronómicas del campo nacional y que no ponen en riesgo el medio ambiente ni nuestras variedades tradicionales de maíz (4).

Greenpeace exige a la Sagarpa y a la Semarnat dar prioridad para contener y remediar los casos de contaminación transgénica de maíz mexicano, antes de autorizar las siembras experimentales. Si se autorizan estas siembras, México perderá el centro de origen del maíz y se afectará de manera irremediable a las futuras generaciones al entregar el maíz mexicano a empresas transnacionales.

— Greenpeace México

Notas:
1. Casos de contaminación México
2. Artículo 2 y 86 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.
3. http://www.cibiogem.gob.mx/Norm_leyes/Reglamento_LBOGM.pdf
4.- http://www.jornada.unam.mx/2009/03/09/index.php?section=sociedad&article=043n1soc
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Calderón entrega maíz a monopolios

DF, México — Felipe Calderón permitió oficialmente las siembras experimentales de transgénicos en México, al violar la ley ambiental y pasar por alto la opinión pública y científica; Greenpeace rechaza enérgicamente esta acción que va en contra de nuestra soberanía alimentaria.

El Ejecutivo eliminó el Régimen de Protección Especial al Maíz, ignorando la opinión pública, de científicos y la existencia de experiencias negativas en otras naciones.

Violando la ley para permitir las siembras experimentales de maíz transgénico en México, el presidente Felipe Calderón eliminó el Régimen de Protección Especial al Maíz relegándolo a un instrumento de carácter no jurídico y por tanto, no obligatorio para proteger las variedades de este grano tan importante para los mexicanos.

El anuncio se hizo hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF), por medio de un Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM).

En el Decreto se deroga el artículo transitorio del Reglamento de la LBOGM, el cual ordenaba la publicación de un Régimen de Protección Especial al Maíz, con el fin de preservar las variedades de maíz existentes en todo el país y establecer claramente los centros de origen y diversidad de este grano; y en su lugar se implemento el artículo 73, en el que se relega la acción del Régimen a un instrumento no jurídico y de comunicación que aparecerá dentro de la página web del Sistema Nacional de Información sobre Bioseguridad, en decir, sólo será una página de consulta pública de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM).

“La eliminación del Régimen, violando el artículo 2 fracción II de la LBOGM, deja sin carácter obligatorio la implementación de medidas de prevención, remediación y contención de la actual contaminación de maíz transgénico en cultivos de maíz convencional detectados en territorio mexicano (1), lo cual, además de evidenciar la complicidad de las autoridades federales con las empresas que han contaminado nuestro campo mexicano, demuestra la incapacidad de las autoridades para hacer frente a la liberación al medio ambiente de variedades de maíz transgénicas”, explicó Aleira Lara, coordinadora de la campaña de Agricultura sustentable de Greenpeace México.

En el decreto se establece que las secretarías de Agricultura, y de Medio Ambiente y de Recursos Naturales serán las encargadas de establecer las medidas de bioseguridad caso por caso, para evitar la mezcla de variedades de maíz, así como definir las zonas donde se puede realizar la siembra sin ningún riesgo para las especies nativas. Sin embargo, desde que se presentó el primer caso de contaminación de maíz transgénico en México, en el estado de Oaxaca, en 2001 y hasta esta fecha, ambas dependencias han sido incapaces de establecer medidas de control para evitar más casos de contaminación. Por ello, resulta absurdo e irresponsable que sean estas dependencias sean las que determinen las medidas de bioseguridad con sus propios criterios.

Al eliminar el Régimen de Protección Especial al Maíz, el gobierno federal ignoró:
- la necesidad de una Manifestación de Impacto Regulatorio y evadió la consulta pública obligatoria en la que, en aras de llevar un proceso transparente, deben ser tomados en cuenta diferentes comentarios de la sociedad en general, de acuerdo a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA 69-J).


- las 16 mil 139 peticiones de mexicanos que desde abril de 2008 exigieron a la Sagarpa y al Jefe del Ejecutivo que protegieran el maíz y evitaran que empresas extranjeras conviertieran el cultivo de este importante grano en un monopolio en manos de extranjeros.


- las recomendaciones de científicos mexicanos que alertaron sobre el riesgo de contaminación de los centros de origen del maíz en nuestro país.


- la existencia de una Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados vigente y que prohíbe la siembra de maíz transgénico en México sin contar con un marco de bioseguridad en todo el territorio nacional.


el mensaje de la reunión sobre compensación y seguridad del Protocolo de Cartagena de Organismos Genéticamente Modificados, que no ha determinado cómo deben de hacerse responsables quienes contaminan con transgénicos los cultivos tradicionales en un país.


La necesidad de determinar cuáles son los centros de origen y diversidad genética a que hacen referencia los artículos 86 y 87 de la LBOGM; así como la expedición de las normas oficiales mexicanas mandatadas por la esta misma ley.

Además, las supuestas medidas de protección presentadas en la modificación al Reglamento no contemplan la implementación de un mecanismo de biomonitoreo que descarte la extensión de la contaminación transgénica actual.

“La violación a la Ley de Bioseguridad habla de un intento desesperado de las autoridades mexicanas por cumplir con las exigencias de la industria biotecnológica para liberar su maíz transgénico en el centro de origen del maíz. Las autoridades han caído en el chantaje de las empresas transnacionales, como Monsanto, que amenazan con no invertir 200 millones de dólares en investigación del uso de su biotecnología en nuestro país, cuando ni duplicando esa suma se podrá reparar el grave daño a la humanidad por permitir la contaminación de nuestro maíz. A la fecha, el gobierno mexicano carece de información para determinar cuántas variedades transgénicas están contaminando el campo mexicano, eso debería ser más importante para el gobierno federal”, denunció Lara.

Actualmente, la industria agrobiotecnológica ha creado variedades de maíz transgénico que contienen sustancias anticoagulantes, vacunas y plásticos que son empleadas para elaborar fármacos y productos industriales, las cuales están prohibidas en el artículo 67 del Decreto de reforma del régimen de la LBOGM. En cualquier momento estos maíces podrían llegar a la cadena alimenticia debido a la falta de monitoreo por parte de las autoridades mexicanas, el cual sigue sin contemplarse dentro de la modificación al régimen de la LBOGM.

“La intención de autorizar siembras experimentales en el país no es acumular datos y evaluaciones científicas, sino acelerar el proceso de comercialización de maíz transgénico de las empresas extranjeras a pesar de los daños e incertidumbres que éste plantea. Actualmente se cuenta con investigaciones serias de científicos independientes a la industria agrobiotecnológica que demuestran los impactos negativos al medio ambiente y la salud humana, los cuales han ocasionado que países como Francia, Grecia, Hungría y Austria impusieran moratoria a la liberación de maíz transgénico de Monsanto. El propio reglamento de la LBOGM mandata considerar dichas experiencias en su artículo 16 fracción V (2)”, declaró Lara.

Greenpeace exige al gobierno de Felipe Calderón que cumpla la ley y proteja nuestro maíz, el alimento básico para los mexicanos. Es preciso que se prohibía la liberación al medio ambiente de maíz transgénico en nuestro país y que se tomen medidas de contención y prevención ante la alarma de casos de contaminación con variedades transgénicas en cultivos convencionales. México debe defender la biodiversidad, la seguridad y soberanía alimentaria de los mexicanos.
— Greenpeace México

El respeto al maíz mexicano es la paz

DF, México — Greenpeace exige al gobierno federal que cumpla el Protocolo de Cartagena y preserve el centro de origen del maíz; la soberanía alimentaria no debe quedar en manos de empresas de biotecnología que patentan transgénicos

México, anfitrión irresponsable

Documento: El origen y la diversidad del maíz en español e inglés

Revisión al caso de contaminación y siembra ilegal en Chihuahua en español e inglés.

Firma la petición: ¿Transgénicos?... ni maiz

Con una manta de tres metros de ancho por cuatro de largo, con la leyenda “El respeto al maíz mexicano es la paz”, Greenpeace hizo un enérgico llamado al gobierno federal y a los representantes de los países firmantes del Protocolo de Cartagena para que la aplicación de los principios de responsabilidad y compensación sobre los daños que ocasionan los transgénicos a la biodiversidad, sean de carácter obligatorio.

Una veintena de activistas de la organización ambientalista desplegaron el mensaje en el Hemiciclo a Juárez, monumento que se encuentra enfrente de la sede de la reunión sobre responsabilidad y compensación, en el marco de este Protocolo, que se realiza desde hoy y hasta el 27 de este mes en la Secretaría de Relaciones Exteriores y que cuenta con la asistencia de más de 150 personas de diferentes naciones, entre representantes y observadores internacionales.

A pesar de que México forma parte de este Protocolo, y por ello tiene la obligación de preservar los granos básicos para la agricultura y la alimentación, en los hechos, el gobierno federal ha permitido la introducción de maíz transgénico y la contaminación de campos de cultivo en Chihuahua y en otros estados, violando con ello la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM), el Código Penal y el propio Protocolo de Cartagena, aumentando la incertidumbre sobre la forma en que se ha afectado la biodiversidad en nuestro país, que es centro de origen y diversidad genética de maíz; así como los riesgos para la salud humana.

“No basta con la firma de acuerdos y tratados internacionales si estos no se cumplen. El gobierno del Presidente Felipe Calderón ha violado sistemáticamente los mandatos del Protocolo de Cartagena respecto a la implementación de medidas de bioseguridad en la esfera de la transferencia, manipulación y utilización de transgénicos debido a sus efectos adversos para diversidad biológica, la salud humana y la producción campesina. Es tiempo de que México deje de ser candil de la calle y oscuridad de su casa”, declaró Aleira Lara, coordinadora de la campaña de agricultura sustentable y transgénicos de Greenpeace México.

La liberación de transgénicos al ambiente plantea daños y perjuicios y una contaminación genética inminente. Un régimen obligatorio es el sistema más adecuado para garantizar la aplicación del principio de “quien contamina, paga”. Siguiendo este principio, la definición de daños debe tener en cuenta la remediación y las medidas preventivas, así como los daños socioeconómicos ocasionados a las comunidades indígenas y campesinas, según el Artículo 26 del Protocolo (1).

“La falta de un mecanismo de responsabilidad y compensación deja en estado de vulnerabilidad a campesinos, indígenas y consumidores frente a las grandes empresas biotecnológicas que promueven la siembra de transgénicos. Hoy en día la siembra de este tipo de granos es ilegal en México según la LBOGM, pero el gobierno federal no ha logrado evitar su propagación. Es momento de reparar el daño, de fincar responsabilidades a la empresas que contaminan nuestros campos con el fin de comercializar sus variedades patentadas, no necesitamos más evidencias, ni más estados con alertas sobre contaminación que pongan en riesgo nuestra soberanía alimentaria”, exigió Lara.

Actualmente, la industria biotecnológica ha creado variedades de maíz transgénico que contienen sustancias anticoagulantes, vacunas y plásticos que son empleadas para elaborar fármacos y productos industriales. En cualquier momento estas variedades de maíces podrían llegar a la red alimenticia debido a la falta de monitoreo por parte de las autoridades mexicanas. Por éstos, y otros riesgos, un verdadero régimen de responsabilidad es indispensable.

“Exigimos al gobierno mexicano que en esta reunión actúe como le corresponde, promoviendo activamente un régimen de responsabilidad y compensación obligatorio, que incluya medidas preventivas y de remediación frente a las afectaciones de los transgénicos al ambiente, la biodiversidad y la salud; un fondo de indemnización que incluya claramente los daños y perjuicios socioeconómicos provocados a las comunidades y que, bajo el principio de quien contamina paga, se finquen responsabilidades a las empresas dueñas de las patentes de los transgénicos, explicó Lara.

Greenpeace demandó a la delegación mexicana que asiste a la reunión del Protocolo de Cartagena, que actúe con congruencia para proteger nuestras variedades de maíz, nuestro medio ambiente, el campo y a los campesinos de México.

Asimismo, la organización ambientalista hizo llamado al resto de los países asistentes que son parte del Protocolo para que impulsen la creación de un régimen de responsabilidad y compensación de aplicación obligatoria.
— Greenpeace México

Nota:
1. Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. http://www.cbd.int/doc/legal/cartagena-protocol-es.pdf